La Legislatura Unicameral de Córdoba no puede salir de los escándalos de empleados y asesores acusados por delitos sexuales. Este viernes la fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Ingrid Vago, ordenó detener a Omar Ludueña, un asesor del bloque de la UCR que trabaja para la legisladora Alejandra Ferrero. Está denunciado por presuntos abusos cometidos a una mujer en su infancia y adolescencia entre 2016 y 2017.
El caso cobró trascendencia pública luego de que la denunciante y el abogado defensor brindaran sus versiones en el programa La Voz En Vivo. El 15 de agosto, una joven identificada como Rocío para resguardar su identidad, aseguró ser hermana de crianza del acusado y sostuvo haber sufrido agresiones durante su infancia en el entorno familiar. “Siempre tuve ese miedo porque sé cómo es la política, que hay mucha corrupción”, declaró la joven al tiempo que le llevó hacer la denuncia.
La denunciante afirmó que sus hermanas biológicas también sufrieron situaciones similares y que una de ellas se sumó a las acciones legales. El pedido de detención fue por esta última denuncia que hizo la hermana de la mujer que habló en La Voz. Según la acusación, los hechos habrían ocurrido entre 2016 y 2017, en perjuicio de una joven que hoy tiene 24 años, pero que tenía 14 años en ese momento.
Ludueña ingresó a la Unicameral en 2011 como asesor del bloque de la UCR y desde 2015, tras rendir un concurso, fue incorporado a la planta permanente. En la actualidad, formaba parte del equipo de la legisladora Alejandra Ferrero, titular del interbloque de Juntos por el Cambio y mano derecha del ex diputado nacional Rodrigo de Loredo.
La denunciante contó que a los 6 años intentó alertar sobre la situación a una vecina, lo que derivó en una intervención judicial inicial en la cual no se aplicaron protocolos como la Cámara Gesell. “En ese momento me preguntaron sentada al lado de ella y por supuesto dije que no por miedo, no me protegieron”, afirmó Rocío en las declaraciones brindadas. “Tristemente volví a ese lugar y seguí sufriendo abusos el resto de los años hasta mis 14”, agregó.
Mariano Rey, abogado de Ludueña, publicó un comunicado en el que remarcó que su cliente es inocente. “Confiamos que el Sr. Omar Ludueña es inocente de las conductas que se le señalan. “Hemos acompañado elementos probatorios de las motivaciones ocultas de la denunciante que buscan dañar al Sr. Omar Ludueña. Y datos que seguramente deberán ser investigados y que señalan perfiles de quién formula la denuncia”, remarcó el abogado.
Y destacó: “Quedará demostrada la enemistad manifiesta que ostenta quien denuncia para con el Sr. Ludueña y que no deviene justamente por la comisión de un delito contra la integridad sexual. Tenemos mucho para aportar”.
Por otro lado, en declaraciones a Canal 10, Rey deslizó que podría haber “tintes electorales”: “Me resulta raro como denuncias a una persona con la que pasaban navidades, que le pediste ser garante en 2022, 2023, no pagaste nunca el alquiler, le embargaron el sueldo, te enemistaste, se enfrentan hermanos de crianza con los hermanos de sangre. Esto aparece como un bombazo en tiempos electorales”, remarcó.
El nuevo escándalo vuelve a sacudir a la Legislatura cordobesa después de que las detenciones a una red de abusadores, que se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad de niñas y adolescentes para explotarlas sexualmente, tenía entre los integrantes a un ex asesor de la Unicameral. Por la gravedad del caso renunció el legislador peronista Ernesto Ramón “Cañito” Flores.
A partir de esta detención, la vicegobernadora y presidenta de la Unicameral, Myrian Prunotto, resolvió modificar de manera sustancial las normativas de contratación del personal de gabinete. Ya rige un protocolo con fuertes controles en los que los legisladores deberán responder por sus asesores. Todo el personal que trabaja en la Legislatura tiene hasta el 6 de octubre para presentar sus certificados de antecedentes penales, entre otros nuevos requisitos.
Con un detenido vinculado al peronismo y un pedido de detención sobre un radical, el escándalo se trasladó a la política, con acusaciones cruzadas en las redes sociales. Desde Hacemos Unidos por Córdoba, que responde al gobernador aseguraron a La Voz que, “por ahora”, no impulsarán medidas contra la titular del bloque radical.
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