NOTICIACRISTIANA.COM- El Senado de Puerto Rico estudia actualmente el Proyecto del Senado 1116, una iniciativa legislativa que busca establecer la “Ley de Responsabilidad Parental hacia el Ser Humano en Gestación o Nasciturus”, con el objetivo de garantizar que ambos progenitores compartan las responsabilidades económicas desde el inicio del embarazo.

La propuesta ha despertado interés entre organizaciones provida y sectores cristianos que promueven la defensa de la vida desde la concepción.

Para estos grupos, la medida representa un paso importante hacia el reconocimiento práctico de los derechos del concebido y la corresponsabilidad familiar antes del nacimiento.

De ser aprobada, la ley entraría en vigor de manera inmediata y permitiría reclamar judicialmente diversos gastos relacionados con el embarazo, entre ellos consultas prenatales, medicamentos, suplementos vitamínicos, estudios diagnósticos, hospitalización, parto, transporte médico y artículos esenciales para el recién nacido, como cunas, sillas de seguridad y biberones.

Según el texto del proyecto, la intención es corregir una situación que afecta a muchas mujeres embarazadas, quienes suelen asumir en solitario los costos asociados a la gestación.

La medida establece como política pública que tanto el padre como la madre tienen la obligación de contribuir de manera equitativa a estos gastos, independientemente de su estado civil o de la relación que mantengan entre sí.

Además, la propuesta busca llenar un vacío legal existente en Puerto Rico, donde actualmente no existe un mecanismo específico para reclamar gastos prenatales. Legislaciones similares ya funcionan en varios estados de Estados Unidos, incluyendo Texas, Florida, Georgia, California y Nueva York.

El proyecto también define quiénes pueden presentar reclamaciones. Además de la madre gestante y el padre, podrán hacerlo los abuelos que hayan cubierto gastos prenatales.

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En casos de incumplimiento, la responsabilidad podría extenderse solidariamente al progenitor que no haya cumplido con su deber y a sus padres.

Los tribunales tendrían la facultad de evaluar la razonabilidad de los gastos, la capacidad económica de cada parte y la distribución proporcional de las obligaciones, pudiendo ordenar reembolsos mediante un pago único o a través de planes de pago.

Para muchos defensores de la vida, esta medida fortalece la protección del no nacido y promueve una mayor responsabilidad familiar desde las primeras etapas de la gestación.

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